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En preparación de los Juegos Olímpicos de Verano que se celebrarán en París, el gobierno francés ha sido desalojado durante kilómetros por inmigrantes y personas sin tomar autobús hacia el sur de la ciudad.
En los últimos meses, las autoridades han desolado a cientos de inmigrantes en Vitry-sur-Seine, una zona importante al sur de París. Según France 24, los defensores de los derechos humanos han denunciado estas acciones como corrupción social.
A los inmigrantes se les dijo que estaban promoviendo viviendas en otros lugares, pero muchos terminaron en áreas no reveladas de otras ciudades o enfrentaron la deportación.
Mohamed Ibrahim, un inmigrante de Chad, comentó al New York Times que fueron expulsados para crear espacio para los Juegos Olímpicos. Ibrahim y otros fueron abandonados en una fábrica de cemento cerca de la Villa Olimpica en Île-Saint-Denis y luego trasladados a un edificio vacío en Sur de Paris, que fue abandonado por la policía a finales de abril.
Luego, un autobús lo llevó dos horas hasta un pueblo cerca de Orleans. Oumar Alamine, de República Centroafricana, confirmó que fueron enviados «al azar» a diferentes lugares.
En octubre de 2023, unas 80 organizaciones se unieron para denunciar estas acciones gubernamentales, calificándolas de «limpieza social». Paul Alauzy, portavoz del grupo y jefe de defensa de la seguridad de los inmigrantes de Médicos del Mundo, indicó que si bien estas operaciones de retirada no son nuevas, su frecuencia ha aumentado significativamente.
El gobierno de Emmanuel Macron se enfrenta al problema de no tener suficiente alojamiento para unas 100.000 personas sin estar en París y sus alrededores. Durante el año pasado se establecieron diez refugios temporales en todo el país, pero no fueron suficientes.
Las autoridades francesas han negado cualquier ventaja entre estos atletas y los Juegos Olímpicos. La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, afirmó haber tenido un mes en el que no hubo «limpieza social» en relación con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Sin embargo, un correo electrónico de un funcionario reveló que el objetivo era «identificar» a las personas sin acercarse a las sedes olímpicas y reubicarlas antes de los juegos. El gobierno ha invertido millones de dólares en la rehabilitación de áreas donde la aplicación de la ley de inmigración es una de las más altas del país.
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