La colaboración reciente entre dos importantes compañías de seguros para edificar hospitales ha generado discusión sobre su posible efecto en la competencia del sector salud. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha enviado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiendo que se evalúe este acuerdo por una potencial posición dominante. Esta circunstancia ha centrado el debate en la regulación, la estructura de mercado y los impactos de estas asociaciones en la industria sanitaria.
Las aseguradoras en cuestión han anunciado la creación de un hospital en Palma de Mallorca, denominado Hospital Portitxol, además de otro en Barcelona. De acuerdo con ASPE, tales proyectos deberían ser sometidos al previo consentimiento de la CNMC, ya que ambas compañías superan los límites fijados por la normativa de competencia respecto al volumen de negocio. Asimismo, ASPE destaca que estas aseguradoras están entre los cinco principales actores en el sector de seguros de salud en España. Juntas, estas cinco empresas controlan el 71 % del mercado, lo que subraya la necesidad de una supervisión más rigurosa.
Un mercado regulado y concentrado
Hoy en día, el mercado de seguros de salud en España se encuentra muy centralizado. Una de las compañías aseguradoras implicadas se ubica en la segunda posición en cuanto a cuota de mercado, con un porcentaje que oscila entre el 20 % y el 30 %, mientras que la otra se posiciona en el cuarto lugar con cerca del 10 %. Este grado de centralización ha llevado a ASPE a alertar sobre los posibles peligros de que estas empresas ejerzan una influencia desmedida en el sector.
Por otro lado, las compañías aseguradoras han manifestado que sus proyectos se ajustan a las normativas de competencia y que las operaciones fueron notificadas a la CNMC antes de ser anunciadas públicamente. Sostienen que los hospitales que se levantarán brindarán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a aquellos privados. También resaltan que estos proyectos se centran en áreas con poca dotación asistencial, como Palma y Barcelona, lo que ayudará a incrementar la oferta de atención médica en esas localidades.
El hospital en Palma de Mallorca tendrá una superficie superior a los 15,000 metros cuadrados y se llevará a cabo en colaboración con Azora, quien será la propietaria del edificio. Las aseguradoras se encargarán de operar el hospital bajo un acuerdo de arrendamiento, con una inversión total que supera los 63 millones de euros. Se estima que el centro comenzará a operar en 2029.
El hospital en Palma de Mallorca contará con más de 15,000 metros cuadrados y será desarrollado en colaboración con Azora, que será propietaria del inmueble. Las aseguradoras gestionarán el hospital en régimen de alquiler, con una inversión total superior a los 63 millones de euros. Se prevé que el centro entre en funcionamiento en 2029.
De manera simultánea a esta situación, la CNMC ha iniciado un procedimiento para investigar a una de las aseguradoras por un pacto firmado con otra empresa del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. Basándose en la información disponible, este acuerdo podría haber causado una disminución en las compensaciones a los centros médicos, lo cual ha despertado preocupación en el sector. Específicamente, las quejas indican que desde su implementación en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en promedio un 20 %.
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.
